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Por la construcción de una respuesta que garantice derechos políticos y libertades

Ante el conjunto del apoyo social y político que estamos recibiendo, consideramos nuestra obligación señalar el progresivo proceso de autoritarismo que sufrimos quienes decidimos organizarnos en defensa de derechos democráticos, laborales y políticos.

La situación actual que afrontamos, con varios jóvenes en la cárcel desde hace varias semanas y miles de euros en multas a nuestras espaldas nos obligan a trasladar las siguientes reflexiones. La situación de «6 de Zaragoza» no es un hecho aislado, sino el culmen de un sistema que oprime y humilla a millones diariamente. El fruto de un sistema político, judicial y policial pensando por y para el mantenimiento del orden capitalista.

Sin ir más lejos, todo apunta a que la represión contra el movimiento en solidaridad con Palestina va a endurecerse. A las multas y prohibiciones ante las muestras de solidaridad, se le suman las miles de detenciones en todo el mundo a la juventud que acampada en las universidades se enfrentan a quienes sostienen al Estado genocida de Israel frente a Palestina. Observamos como se asesina a jóvenes migrantes en Melilla, se levantan nuevos CIEs en la península, se envían tanquetas contra trabajadores en huelga y se abren procesos judiciales a trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga.

Si el presidente del gobierno ha necesitado 5 días de retiro para reflexionar sobre el acoso que sufre él y su familia, es nuestra obligación señalar los 5 años de condena que los 6 de Zaragoza, sus familias y amigos vienen sufriendo pendientes de una condena que finalmente les lleva a la cárcel.

Y es que hablar hoy de represión no puede realizarse al margen del desarrollo de un sistema netamente punitivo y carcelario, completamente desbordado, que encadena a las clases populares a las cárceles como respuesta a la crisis que vivimos.

Por lo tanto, no es sino la obligación de cualquier gobierno mínimamente democrático derogar completamente la «ley Mordaza», la destitución inmediata del ministerio de interior Grande Marlaska como responsable directo de este giro de tuerca represivo, una reforma no punitiva del código penal y cercenar los recursos destinados a la represión y militarización de nuestras sociedades que son retraídos de los servicios públicos conquistados. Decimos: ni un euro más de sanidad y educación para guerras y represión.

Animamos a las organizaciones políticas, sindicales y sociales que compartan estas líneas, a sumarse en la construcción de una respuesta que garantice derechos políticos y libertades.

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